Palinuro |
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09 Nov 2017 07:26 PM PST
Los titulares de la prensa son interpretativos
puesto que se basan en rumores y noticias orales. Habrá que esperar a conocer
con más exactitud el contenido de la declaración de Forcadell. Habrá que ver si,
en efecto, dijo que la declaración de independencia fue "simbólica" (como
aseguran todos los periódicos) o "política", como he visto por ahí. Es un matiz
que tiene su importancia, desde luego, pero es un matiz que viene acompañado de
una especie de retirada táctica retórica. Hay un poco de lío sobre si se acata
la Constitución o el 155. Pero, en definitiva, el mensaje que se difunde es el
del repliegue del frente parlamentario del independentismo. La cuestión
es saber qué valor tiene ese gesto, ese acatamiento, cuenta habida de que el
Parlamento ha sido disuelto y su mesa destituida. Exactamente, ¿qué significa
que se acata algo que no se puede evitar?
Es el error de mezclar las vías judiciales con
las políticas y dar valor jurídico a cuestiones subjetivas, de convicciones y
hasta creencias. En realidad, es el espíritu inquisitorial. El propio presidente
del Tribunal Supremo asume esa situación al advertir que el acatamiento pudiera
ser "mendaz". Es el problema de los conversos, que son tales a la fuerza y su
conversión solo tiene valor exterior, pero no interno, pues no vincula en
conciencia. Para la línea jurídica lo externo es suficiente. Si Forcadell vuelve
a las andadas, será perseguida. Pero para la línea política no se resuelve nada;
al contrario, el problema se agrava. Forcadell seguirá siendo independentista y
actuando como tal y allí donde ella no alcance habrá otra Forcadell para
sustituirla. Las ideas no se encarcelan, aunque quepa encarcelar a las personas.
Las revoluciones no se detienen con sentencias de los tribunales en sus
problemáticas relaciones con el poder político.
No hay que perder el tiempo. Los procesos en
marcha son procesos políticos en contra del independentismo. Se pretende
reprimir, incluso extirpar, una opción ideológica sostenida por millones de
personas. Los presos independentistas son presos políticos y hasta rehenes
canjeables en alguna posible negociación política. La prueba más contundente la
dan los distintos cargos públicos del PP que han dejado claro que, si en las
elecciones de 21D ganara de nuevo el independentismo, seguiría aplicándose el
artículo 155, algo equivalente a la perpetuación del estado de excepción no
declarado que es el 155.
Obviamente, eso no tiene nada que ver con la
democracia ni con el Estado de derecho, sino con la dictadura. La dictadura que
mana del art. 155 como manó la de Hitler del 48 de la Constitución de Weimar, su
abuelo. Obviamente también, el poder judicial podrá seguir legitimando la
situación, pero ya estará claro que lo hace en el marco de una dictadura, no del
Estado de derecho que hoy esgrime de forma ya tan cuestionable.
Todo este conflicto se agita mezclado con un
escándalo descomunal, el de la Gürtel, que es imposible ocultar aunque la
batería de medios del gobierno lo ignoren, las televisiones no lo transmitan,
los periódicos no lo mencionen, las radios lo silencien. La fiscalía da por
probado que el presidente del gobierno cobró unos 220.000 euros procedentes de
la caja B de su partido. Fueron más los perceptores (incluida, al parecer, la
vicepresidenta del gobierno) y muchos los años de los cobros, aunque no tantos
como los de las campañas electorales que se ganaron fraudulentamente al estar
financiadas de modo ilegal. "Corrupción
en estado puro", declaró el otro día el jefe de la investigación policial
sobre la caja B del PP. Y corrupción que afecta al Estado de derecho.
Cierto, pero lo más grave es que el presidente
del gobierno esté pringado en esa basura con sus efectos concomitantes de
viajes, trajes y empleo de fondos públicos para beneficio privado, sin contar el
cobro de plus parlamentario por tener la residencia fuera de Madrid. Se ha dicho
hasta la saciedad, pero fuerza es repetirlo: en ningún país europeo se toleraría
una situación así. ¿Acaso no es esto obvio motivo de dimisión? ¿No es una prueba
de que esa democracia y ese Estado de derecho que el de los sobresueldos dice
querer imponer en Cataluña no valen nada? La democracia española no es lo que
sus epígonos cacarean en el exterior sino este extraño adefesio de un gobierno
irresponsable que los socios europeos comienzan a mirar con prevención.
Ya se verá cuando, además, caigan en la cuenta
de que el episodio de los sobresueldos es público y notorio, cuando menos desde
2010 y que no ha pasado nada ni nadie ha dicho nada. La corrupción no figuraba
entre las preocupaciones dominantes de los españoles y estos elegían al PP de la
Gürtel en 2011 con mayoría absoluta y revalidaban la victoria (aunque por
mayoría simple) en 2015 y 2016. Una democracia requiere sólidas instituciones
democráticas. Pero estas siempre se pueden manipular e instrumentalizar con
fines antidemocráticos, como viene haciendo este gobierno. Por eso, una
democracia requiere también una ciudadanía consciente de sus derechos, crítica,
fiscalizadora. Si, por el contrario, la ciudadanía tolera la merma y supresión
de derechos, no ejerce la crítica ni fiscaliza nada y da por buenos los mayores,
más corruptos y escandalosos desmanes del gobierno, hablar de democracia es como
hacerlo de la piedra filosofal.
La autoridad del gobierno en este conflicto es
magnitud negativa; la del Estado, inexistente; la de la Monarquía, aniquilada en
dos comparecencias reales. Los partidos de la oposición, todos, están
paralizados. Los medios, volcados en la lucha ideológica, han perdido el escaso
crédito que les restaba y se prestan, incluso, a campañas propagandísticas de la
parte nacional española. Cuando no de la guerra sucia.
En ese contexto, el llamado "reto
independentista catalán" es una crisis constitucional, estructural, española que
no va a resolverse poniendo a los tribunales a perseguir el independentismo. Es
un problema profundo que afecta a esta cuestión del acatamiento y el
consentimiento. Solo ess democrático el que lo es por consentimiento. Pero el
consentimiento ha de ser libre.
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